El PSOE acusa a Candia de inflar el incremento del SAF y cuestiona las cifras de la lista de espera

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Ana González Abelleira sostiene que la ampliación real de la dotación es del 13%, frente al 20% anunciado por la alcaldesa, y denuncia contradicciones en los datos de usuarios y demandantes de atención
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27 Oct 2026

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista de Lugo, Ana González Abelleira, acusó a la alcaldesa, Elena Candia, de presentar de forma imprecisa el plan de choque del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), al anunciar un incremento anual del 20% del contrato cuando, según los cálculos del PSOE, la ampliación real de la dotación es del 13%. La concejala considera que la medida no resuelve las carencias estructurales del servicio y que su alcance está lejos de lo anunciado por el Gobierno local.

 

 

"Ni es un plan de choque, ni soluciona el problema ni es siquiera una mejora del servicio. Se confirma que el plan de choque del SAF anunciado por Candia en junio es solo propaganda y no soluciona el problema, como veníamos denunciando", afirmó González Abelleira.

La edil socialista cuestionó la diferencia entre el porcentaje anunciado y el incremento que, según su grupo, reflejan los números. "No se puede anunciar un incremento del 20% cuando los números indican que es apenas del 13% anual. La ciudadanía merece información rigurosa, no porcentajes inflados para presentar como extraordinario lo que es una ampliación mucho más modesta. Cuando se habla de un servicio esencial para personas mayores y dependientes, la transparencia no es opcional", señaló.

Según las estimaciones del PSOE, ese incremento del 13% de la atención no significa que se vaya a resolver el 13% del problema acumulado, sino que, como máximo, podría permitir incorporar a ese número de personas de la lista de espera, siempre que los recursos adicionales se traduzcan efectivamente en nuevas horas de atención. La formación sostiene que el SAF necesitaría un incremento de 14.800 horas mensuales para atender a las personas con grado II y grado III de dependencia.

"Estamos ante un plan de choque que se anuncia como una solución, pero que no cambia la realidad de fondo: el número de personas que necesitan atención seguirá siendo superior a la capacidad del servicio. La lista de espera continuará existiendo y el sistema seguirá sin dar respuesta a todas las necesidades. Eso no es resolver el problema; es presentar como una gran solución una medida claramente insuficiente", advirtió.

González Abelleira también criticó que el anuncio llegase con más de tres meses de retraso respecto al compromiso adquirido en junio. "Las personas dependientes y sus familias no pueden esperar indefinidamente a que el Gobierno local pase de los anuncios a los hechos. El tiempo perdido también tiene consecuencias: detrás de cada persona que espera hay necesidades de cuidados que no están siendo atendidas como deberían", afirmó.

## El PSOE cuestiona las cifras de usuarios y de la lista de espera

La portavoz adjunta centró otra parte de sus críticas en los datos sobre usuarios y demandantes pendientes de atención difundidos por el Gobierno local. Según recordó, en junio el Concello había comunicado que el SAF atendía a 636 personas, mientras que en la presentación realizada este lunes la cifra bajó a 455. Por su parte, la lista de espera habría pasado de las 567 personas anunciadas en junio a las 538 que el Ejecutivo municipal señala ahora.

"Estamos ante unos datos que no encajan y que el Gobierno tiene la obligación de explicar. ¿Cómo se pasa de 636 usuarios a 455? ¿Qué criterio se está empleando para contabilizar la lista de espera? ¿Ha habido cambios en la metodología, actualizaciones de los expedientes o modificaciones en el perímetro de los datos? Si existen explicaciones técnicas, Candia debe hacerlas públicas. Lo que no puede hacer es ofrecer cifras diferentes sin aclarar por qué", reclamó.

La concejala denunció, además, una discrepancia en la propia comunicación municipal de este lunes. Según explicó, el comunicado del Gobierno local afirmaba que en junio había 585 personas en lista de espera, pese a que los datos difundidos por el Concello en aquel momento situaban la cifra en 567.

Al utilizar las 585 personas como referencia inicial, el Ejecutivo presenta una reducción de 47 demandantes hasta los 538 actuales. Sin embargo, si se toma como punto de partida el dato de 567 personas publicado en junio, el descenso sería de 29, es decir, 18 menos de las que sugiere la comparación utilizada por el Gobierno local.

"No es aceptable modificar la cifra de partida para aparentar una mejora mayor. Si en junio se comunicaron 567 personas en espera, esa es la referencia que hay que utilizar, salvo que se explique de manera transparente por qué se corrige ese dato. La diferencia entre hablar de una reducción de 47 personas y de una de 29 no es una cuestión menor: significa presentar una mejora superior a la que se desprende de los datos publicados", sostuvo González Abelleira.

Para el Grupo Socialista, estas discrepancias dificultan evaluar la evolución real del servicio y pueden ocultar la dimensión de las necesidades de atención. La portavoz adjunta advirtió especialmente de la insuficiencia de recursos para las personas dependientes de grado I y reclamó información desglosada sobre usuarios, solicitudes pendientes, tiempos de espera y capacidad efectiva de atención.

"No se puede gestionar un servicio social esencial a base de cifras que cambian de una comunicación a otra. El Concello debe publicar datos comparables, actualizados y verificables", añadió.

## Las 3.138 horas anunciadas y la falta de personal

González Abelleira también puso en duda la concreción del incremento de 3.138 horas de atención anunciado por el Gobierno local. Según indicó, no se ha aclarado a qué período corresponde esa cifra, cómo se distribuirán las horas ni de qué manera se garantizará que se presten efectivamente.

"Decir que se incrementa la atención en 3.138 horas sin explicar si son mensuales, anuales o corresponden a otro período no permite saber cuál es el alcance real de la medida. Tampoco se ha explicado cómo se van a cubrir esas horas ni qué planificación de personal existe para hacerlo posible", advirtió.

La portavoz socialista insistió en que aumentar las horas contratadas no garantiza por sí solo una mejora en la calidad del servicio. Para que la ampliación se traduzca en una atención efectiva, defendió que debe ir acompañada de los recursos humanos necesarios, una organización adecuada y una planificación adaptada a las necesidades de las personas dependientes.

"Si no hay un incremento suficiente de personal, no habrá una mejora real de la atención. Las horas tienen que ser prestadas por profesionales, con tiempo suficiente para atender a cada persona y con condiciones que permitan garantizar la continuidad y la calidad de los cuidados. No basta con poner una cifra en un comunicado: hay que explicar cómo se va a convertir en atención efectiva", afirmó.

## La financiación procede de una transferencia estatal, según el PSOE

Por último, Ana González Abelleira cuestionó la presentación de la financiación de la medida por parte de la alcaldesa. Según indicó, el incremento presupuestario destinado a ampliar la atención procede de una transferencia del Gobierno de España, por lo que, a su juicio, no debería presentarse como una nueva aportación asumida por el Ejecutivo municipal ni como un refuerzo del compromiso económico de la Xunta de Galicia.

"Candia debe explicar de dónde proceden los recursos y dejar de trasladar la idea de que estamos ante un esfuerzo económico propio de su Gobierno. Si el incremento se financia con una transferencia del Estado, hay que decirlo con claridad. La ciudadanía tiene derecho a saber quién aporta los fondos y qué administración está asumiendo el coste de la ampliación", señaló.

La edil socialista insistió en que el debate sobre el SAF no puede limitarse a un anuncio o a un porcentaje. Para el PSOE, lo fundamental es comprobar si las personas dependientes reciben la atención que necesitan, si la lista de espera se reduce de forma verificable y si el servicio dispone de capacidad suficiente para garantizar unos cuidados dignos y de calidad.

"No estamos hablando de una campaña de imagen, sino de un servicio público esencial. Lo que exigimos es rigor en los datos, transparencia en la financiación y una planificación realista que permita atender a más personas sin deteriorar la calidad de los cuidados. El plan anunciado por Candia llega tarde, ofrece una ampliación limitada y deja demasiadas preguntas sin responder. Las familias no necesitan propaganda: necesitan atención", concluyó González Abelleira.

CONTESTACIÓN DEL CONCELLO DE LUGO

El Ayuntamiento de Lugo ha respondido a las críticas del PSOE sobre el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y ha asegurado que la ampliación prevista en el contrato puede alcanzar los 2,2 millones de euros, una cantidad que permitiría incorporar alrededor de 3.100 horas mensuales adicionales de atención. El Gobierno local sostiene que el incremento debe calcularse sobre el importe máximo de la licitación y no sobre las horas inicialmente contratadas.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el contrato tiene un presupuesto base de licitación de 11,1 millones de euros, IVA incluido, para un período de dos años. Las condiciones contemplan la posibilidad de ampliar el importe máximo hasta un 20 %, una cláusula que permite adaptar la prestación a las necesidades asistenciales existentes.

El Ejecutivo municipal subraya que esta opción ya estaba recogida en el contrato licitado durante la etapa de gobierno del PSOE, aunque, según afirma, entonces no llegó a utilizarse.

Uno de los puntos centrales de la controversia es la base sobre la que se aplica ese porcentaje. El Ayuntamiento insiste en que el 20 % debe calcularse sobre el presupuesto máximo del contrato, y no sobre las aproximadamente 266.000 horas previstas inicialmente. A su juicio, utilizar esta última cifra como referencia conduce a una interpretación errónea del alcance de la ampliación.

La Administración local calcula que los 2,2 millones de euros destinados a la ampliación deberán repartirse a lo largo del período restante del contrato, incluidas las prórrogas, que estima en unos 34 meses. De este modo, la cantidad equivaldría a una media aproximada de 65.000 euros mensuales.

Con el precio contractual de 20,91 euros por hora, el Ayuntamiento considera que esta dotación económica permitiría aumentar la capacidad del servicio en alrededor de 3.100 horas de atención al mes.

El Gobierno local cuestiona que el PSOE critique la aplicación de esta cláusula, al entender que formaba parte de las condiciones del contrato que la propia Administración municipal impulsó durante el mandato socialista. La polémica se centra así en la interpretación económica de la ampliación y en el cálculo de las horas adicionales que podría asumir el servicio.

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