Colaboraciones | Educación

Por Julio Díaz Escolante

Recientemente, se publicó la Guía para el diseño de protocolos de acoso escolar y ciberacoso, impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, un documento que vuelve a poner encima de la mesa un problema que nos debe preocupar y ocupar a todos los que formamos parte de la comunidad educativa.

Hablar de acoso escolar no es hablar simplemente de protocolos, estadísticas o expedientes. Es hablar de chicos y chicas que pueden llegar a vivir con verdadero pánico algo tan cotidiano como acudir cada mañana a su centro educativo.

Pocas cosas pueden resultar más terribles que pensar en un niño que se levanta sabiendo que tiene que volver al lugar en el que lo insultan, lo humillan, lo apartan o se ríen de él; que llega al recreo temiendo quedarse otra vez solo o que mira continuamente su teléfono esperando un nuevo mensaje, una fotografía o una burla.

La escuela debe ser precisamente todo lo contrario: un lugar seguro para aprender, convivir, relacionarse, hacer amigos y crecer como persona. Porque difícilmente puede aprender un alumno que siente miedo.

La nueva guía insiste en la prevención, en la detección temprana, en la protección y en la necesidad de una actuación rápida ante posibles situaciones de acoso. Nada que objetar. Los protocolos son necesarios y los centros deben saber con claridad cómo actuar, pero debemos evitar caer una vez más en la tentación de pensar que todos los problemas de nuestro sistema educativo se solucionan con un nuevo protocolo, más documentos y más burocracia.

Ya he manifestado en más de una ocasión en este Pupitre mi preocupación por la excesiva burocratización de la enseñanza. En este caso todavía me parece más importante. Un protocolo contra el acoso debe ser claro, sencillo, ágil y, sobre todo, efectivo. Debe servir para que un docente o un equipo directivo sepa qué hacer desde el primer momento y no para añadir una nueva carrera de obstáculos administrativos.

Porque mientras nosotros cubrimos papeles puede haber un alumno esperando una respuesta.

Y para mí hay una cuestión fundamental: la formación del profesorado. De poco sirve tener el mejor protocolo si quien tiene que detectar una posible situación de acoso no dispone de las herramientas necesarias para hacerlo.

Los docentes pasan muchas horas con sus alumnos y son, junto con las familias, quienes pueden observar los primeros cambios. Ese chico que empieza a quedarse solo, que deja de participar, que baja inesperadamente su rendimiento, que falta cada vez más o que busca excusas para no acudir al centro. Evidentemente, no todo cambio de comportamiento significa que exista acoso, pero debemos estar preparados para detectar las señales de alerta y saber cómo actuar.

Y formar no consiste en enviar a los centros una circular con un enlace a un protocolo. El profesorado necesita formación práctica para diferenciar un conflicto puntual de una posible situación de acoso, saber cómo hablar con la víctima, cómo actuar con el grupo, cómo relacionarse con las familias y también cómo afrontar una realidad cada vez más compleja como es el ciberacoso.

Porque el acoso ya no termina necesariamente cuando el alumno sale por la puerta del centro. Las redes sociales y los teléfonos móviles han conseguido que una burla, una fotografía o una humillación puedan acompañar a la víctima las veinticuatro horas del día. Lo que antes podían presenciar unos pocos compañeros puede llegar hoy a cientos de personas en cuestión de minutos.

Tenemos que educar también ahí. Detrás de una pantalla hay una persona y compartir una fotografía humillante, participar en un grupo creado para ridiculizar a un compañero o simplemente contribuir a extender una burla también tiene consecuencias.

Pero no podemos cargar una vez más toda la responsabilidad sobre los centros y el profesorado. La Administración educativa tiene que implicarse, acompañar y dar soluciones. No basta con elaborar normas y protocolos para posteriormente trasladar toda la responsabilidad a los centros. Estos necesitan asesoramiento, departamentos de orientación suficientemente dotados, coordinadores de bienestar con tiempo para desarrollar sus funciones, formación y recursos.

En los casos más graves debe existir, además, una coordinación constante y eficaz con la Fiscalía de Menores y con los servicios especializados competentes. Hay situaciones que pueden superar claramente el ámbito educativo y, cuando esto ocurre, un equipo directivo no puede sentirse solo ni tener dudas sobre dónde acudir. La protección del menor debe estar siempre por delante de la burocracia y de las discusiones sobre quién tiene que hacer cada cosa.

También quiero dejar claro algo que considero importante. Los centros educativos de Galicia son, en general, un ejemplo de convivencia. Miles de alumnos y alumnas conviven diariamente con absoluta normalidad en nuestras aulas y detrás de esa realidad hay un enorme trabajo de los docentes, de los equipos directivos, de los departamentos de orientación y de las familias.

No debemos transmitir la idea de que el acoso es la realidad habitual de nuestros centros porque no sería cierto ni justo.

Pero tampoco podemos caer en la complacencia.

Que tengamos una buena convivencia no significa que debamos bajar la guardia. Todo lo contrario. Tenemos que estar vigilantes, detectar cuanto antes cualquier señal y actuar con rapidez cuando aparezca. Un solo alumno que sufra en silencio durante semanas o meses ya debe preocuparnos.

Frente al acoso necesitamos protocolos claros y efectivos, profesorado formado, familias implicadas, recursos suficientes y una Administración que responda y acompañe. Necesitamos también trabajar con el grupo, porque en una situación de acoso no están únicamente quienes agreden y quien sufre. Está quien mira, quien ríe, quien comparte y quien calla, pero también puede estar ese compañero que decide decir basta, que se sienta al lado de quien se ha quedado solo o que se acerca a un profesor para decirle que algo está pasando.

Eso también es educar.

Al final, quizás deberíamos dejar por un momento a un lado tantos formularios, estadísticas e informes y hacernos una pregunta mucho más sencilla: ¿conseguimos que ese chico deje de tener miedo?

Si vuelve a entrar tranquilo por la puerta de su centro, si recupera la relación con sus compañeros, si deja de mirar el móvil con temor y vuelve a sentirse seguro, estaremos en el buen camino.

Los protocolos son necesarios, la formación del profesorado imprescindible, la implicación de la Administración fundamental y la coordinación entre todos los que tenemos responsabilidad en la protección de los menores, obligatoria.

Pero no olvidemos nunca lo verdaderamente importante: Detrás de cada protocolo hay un chico o una chica y ningún niño debería tener que ser valiente para ir a la escuela.