El Sindicato Labrego Galego exige la restitución de los derechos de Villares y de las magistradas apartadas
El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCL) reclamó la restitución de los derechos del magistrado Luis Villares y del resto de juezas y jueces que fueron apartados de sus funciones en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en un contexto que consideran marcado por actuaciones de la Xunta destinadas a facilitar el avance de grandes proyectos empresariales.
La organización agraria señala que a finales de marzo se conoció la decisión de la nueva presidencia de la Sala de trasladar a varios miembros de la Sección encargada de resolver procedimientos relacionados con autorizaciones administrativas de parques eólicos, así como con las suspensiones cautelares de sus obras y cuestiones de contratación pública. Entre las personas afectadas se encuentra Luis Villares, quien ya presentó recurso ante el Consejo General del Poder Judicial tras ser apartado.
Desde el SLG-CCL trasladan su apoyo al magistrado y al resto de profesionales afectados, al tiempo que alertan de lo que consideran un ataque a la independencia judicial. En su análisis, vinculan esta situación con una estrategia más amplia que, según indican, lleva años desarrollándose a través de modificaciones legislativas orientadas a reducir controles y garantías ambientales.
En este sentido, apuntan a diversas normas aprobadas en los últimos años, como la Ley 5/2017 de fomento de iniciativas empresariales, la Ley 9/2021 de simplificación administrativa o la Ley 2/2024 de promoción de los beneficios sociales y económicos. Según el sindicato, estas reformas, junto con otros instrumentos como el Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, contribuyeron a acortar plazos de exposición pública, flexibilizar requisitos y facilitar procesos como la expropiación de tierras o la consideración de utilidad pública de los proyectos industriales.
El colectivo agrario advierte de que estas medidas derivan en una menor protección de las zonas rurales, permitiendo la fragmentación de proyectos, debilitando las evaluaciones de impacto ambiental y otorgando prioridad a las iniciativas industriales frente a los usos tradicionales de la tierra y del agua. También critican las campañas de promoción de estas empresas, que incluyen acciones en centros educativos y medios de comunicación.
Además, recuerdan la creación de la Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia S.L., una entidad público-privada que fue disuelta cuatro años después de su puesta en marcha, y denuncian la posterior incorporación de antiguos cargos públicos a consejos de administración de grandes compañías del sector.
En lo que respecta al caso concreto de Villares, el sindicato asegura que el magistrado fue objeto de presiones e intentos de desprestigio a lo largo de los últimos años. Como ejemplo, citan la recusación presentada durante la tramitación del parque eólico Campelo, promovido por Greenalia, que fue finalmente rechazada por la Sala. También recuerdan que el propio presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia salió en varias ocasiones en defensa de los magistrados afectados por críticas públicas.
Para el SLG-CCL, el traslado forzoso de Villares y de otras juezas, como María Dolores López, supone un hecho sin precedentes que, de consolidarse, podría afectar al conjunto del sistema de garantías judiciales. Por este motivo, reiteran su exigencia de que se restituyan los derechos de las personas afectadas y se revierta su situación.