El TSJG paraliza cautelarmente el parque eólico Estivada por posibles daños ambientales
El proyecto del parque eólico Estivada, promovido por Green Capital Power en los municipios de Agolada y Antas de Ulla, queda paralizado de forma cautelar por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG). La resolución responde a la solicitud presentada por ADEGA y apunta a la existencia de indicios de posibles daños ambientales que, según el tribunal, no quedan despejados con la documentación aportada por la Xunta y por la empresa promotora.
Esta es la tercera paralización cautelar de este tipo acordada por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG a instancias de la asociación ecologista, después de las relativas a los parques eólicos Pena do Pico y Fial das Corzas. La entidad destaca que la resolución sobre Estivada identifica posibles afecciones graves a la conectividad ecológica y a la biodiversidad de la zona.
El tribunal considera que, pese a contar con una declaración de impacto ambiental favorable, los argumentos presentados por la Administración autonómica y por la empresa no eliminan la incertidumbre sobre los posibles efectos del proyecto. Por ello, aplica el principio de precaución para priorizar la protección ambiental mientras se resuelve el procedimiento judicial. La resolución también señala que actuar de forma preventiva resulta necesario para evitar que una eventual sentencia favorable a la protección del medio llegue demasiado tarde, cuando los daños ya sean irreversibles.
Ocho aerogeneradores de 200 metros cerca de la Serra do Careón
El parque Estivada recibió autorización en 2023 y contempla la instalación de ocho aerogeneradores de 200 metros de altura en montes próximos a la Serra do Careón, espacio integrado en la Red Natura 2000 y en su área de ampliación.
ADEGA sostiene que la evaluación ambiental del proyecto presenta carencias en el análisis de los impactos sobre la fauna y la flora, y denuncia que no se habría considerado adecuadamente la presencia de especies amenazadas, entre ellas aves rapaces esteparias que nidifican en zonas próximas.
La asociación también alerta de una posible fragmentación artificial entre Estivada y el parque eólico Zamorra, promovido por la misma empresa y cuya paralización cautelar fue acordada por el TSXG en 2025. Según ADEGA, ambos proyectos se sitúan cerca de espacios de la Red Natura 2000 y de sus áreas de ampliación, por lo que podrían crear una barrera para el movimiento de la avifauna entre zonas naturales protegidas.
ADEGA cuestiona la tramitación ambiental de la Xunta
La entidad ecologista enmarca esta resolución en el debate sobre la situación del sector eólico gallego. Tras decisiones judiciales que avalaron la autorización de otros parques por cuestiones distintas de las ambientales, la Xunta y la patronal eólica hablaron de un desbloqueo del sector. ADEGA contrapone que las últimas paralizaciones cautelares de Estivada, Fial das Corzas y Pena do Pico ponen el foco en las deficiencias de las autorizaciones ambientales.
La organización relaciona también la decisión con la polémica por el traslado de los magistrados Luís Villares y Dolores López a la sección cuarta de la Sala, después de que la Xunta cuestionase su actuación en relación con las paralizaciones de parques eólicos. ADEGA defiende que la situación actual no se debe a las decisiones judiciales ni a la actuación de las organizaciones ecologistas, sino, a su juicio, a las deficiencias de la planificación y de la tramitación administrativa.
La asociación cuestiona, además, la seguridad jurídica de la normativa eólica gallega y señala que la Ley 8/2009 acumuló 105 modificaciones mediante 14 leyes posteriores. Para ADEGA, esta evolución evidencia la necesidad de revisar la planificación del sector e incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y justicia social.
La resolución judicial, según recoge la entidad, recuerda que el desarrollo industrial no puede prevalecer sobre la protección de los elementos naturales cuando exista riesgo de degradación ambiental. ADEGA insiste así en la necesidad de situar la conservación del medio entre las prioridades de la planificación energética.
La asociación atribuye también parte del éxito del proceso a la colaboración de la ciudadanía y de las personas comprometidas con la protección ambiental, que contribuyeron a financiar los costes judiciales a través de la campaña de micromecenazgo #TiPodesParalos.