La Diputación renueva su apoyo al servicio de asistencia jurídica para personas internas en las cárceles de Bonxe y Monterroso
El diputado de Formación, Enseñanza y Economía del Conocimiento, Miguel Fernández Méndez, visitó la sede del Colegio de la Abogacía de Lugo para conocer el funcionamiento del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penal (SOAJP), un programa dirigido a atender las necesidades jurídicas de las personas internas en los centros penitenciarios de Bonxe y Monterroso.
Durante el encuentro, el diputado entregó al decano de la entidad colegial, Xosé Manuel Fernández Varela, el nuevo convenio de colaboración que permitirá mantener este servicio durante la presente anualidad. La Diputación de Lugo destina 12.000 euros a esta iniciativa, una cantidad que representa más del 80 % de su presupuesto total, que asciende a cerca de 14.500 euros.
La aportación provincial permitirá sufragar los gastos derivados de la formación específica de los profesionales que participan en el programa, los desplazamientos a los centros penitenciarios y la compensación económica por la prestación del servicio de asesoramiento jurídico.
Miguel Fernández destacó que esta colaboración institucional contribuye a garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, ofreciéndoles orientación y apoyo en cuestiones relacionadas con sus derechos, su situación penitenciaria y los distintos procedimientos en los que estén inmersas.
El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penal está integrado por abogados y abogadas que reciben formación específica organizada por el Colegio de la Abogacía de Lugo antes de incorporarse a los turnos de atención. El servicio presta asistencia semanal mediante consultas presenciales en uno de los centros penitenciarios y atención telemática en el otro siempre que las circunstancias lo permiten.
Entre las funciones de los profesionales se encuentran el asesoramiento sobre los derechos de las personas internas, la orientación ante posibles sanciones o restricciones de derechos, el apoyo en la tramitación del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la coordinación con los letrados particulares o de oficio encargados de su defensa.
El Colegio de la Abogacía de Lugo es el responsable de la organización y coordinación del servicio, así como de la formación de los profesionales participantes y de la interlocución con los centros penitenciarios para canalizar las consultas y solicitudes de asesoramiento.