Los senadores del PP exigen al Gobierno cubrir de inmediato las vacantes del INSS en Lugo
Los senadores lucenses del Partido Popular, José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano, acaban de registrar una moción en la que reclaman al Gobierno de España la cobertura inmediata de las plazas vacantes de médicos evaluadores adscritos a los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI) de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Lugo.
Los populares presentaron hoy esta iniciativa, que se basa en los propios datos facilitados por el Ejecutivo en respuesta parlamentaria, que revelan una situación límite: de las 7 plazas existentes en la provincia de Lugo, solo 2 estaban efectivamente cubiertas en el mes de abril de este año. Además, la evolución de los efectivos evidencia un deterioro progresivo y alarmante, al pasar de 8 médicos evaluadores en 2020 a apenas 2 en la actualidad.
Para los senadores populares, estos datos constituyen la confirmación del abandono que sufre un servicio esencial para miles de trabajadores y familias de la provincia. “No estamos ante un problema administrativo menor; estamos ante un auténtico colapso de un sistema del que dependen decisiones que condicionan la vida laboral, económica y personal de muchas personas”, advierten.
Barreiro, Balseiro y Serrano señalan que la falta de personal médico está provocando acumulación de expedientes, retrasos en las citaciones, informes pendientes de emitir y resoluciones que se prolongan durante meses. Una situación que mantiene a muchos ciudadanos en una permanente incertidumbre sobre su futuro laboral y sobre sus derechos prestacionales.
Los representantes lucenses del PP alertan además de que la sobrecarga que soportan los profesionales disponibles puede acabar repercutiendo en la calidad de las valoraciones médicas, incrementando el riesgo de errores o de resoluciones insuficientemente fundamentadas.
Especial preocupación genera también la situación de aquellos trabajadores que son declarados no aptos para desempeñar su puesto de trabajo pero que, posteriormente, no obtienen el reconocimiento de una incapacidad por parte de la Administración, quedando atrapados en un limbo laboral y económico del que resulta muy difícil salir.
Los senadores lucenses consideran especialmente significativo que el propio Gobierno de Sánchez atribuya esta situación a las jubilaciones y a las dificultades para captar profesionales médicos, al tiempo que reconoce la incapacidad para cubrir las vacantes existentes.
“No es aceptable que el Ejecutivo se limite a constatar el problema mientras los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias. Si hay 5 vacantes sin cubrir sobre 7 plazas existentes, es evidente que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes”, señalan.
Los tiempos reales de espera
La iniciativa popular también pone el foco en un hecho que consideran “extraordinariamente grave”: el Gobierno admite que no dispone de datos sobre la demora media de los expedientes de incapacidad permanente ni sobre el tiempo que transcurre entre el inicio de un procedimiento y la emisión del dictamen de los Equipos de Valoración de Incapacidades.
Para los populares, “lo más preocupante no es solo que existan retrasos, sino que el Gobierno ni siquiera los mida”. A su juicio, resulta imposible planificar refuerzos de personal, evaluar el funcionamiento del sistema o adoptar medidas correctoras cuando la propia Administración desconoce los tiempos reales de tramitación.
“Si no saben cuánto tardan los expedientes en resolverse, difícilmente podrán solucionar los problemas que están padeciendo los ciudadanos”, afirman.
Refuerzo urgente y transparencia
La moción presentada por los senadores lucenses del PP reclama la cobertura inmediata de todas las vacantes existentes en Lugo, la puesta en marcha de un plan extraordinario de refuerzo para las provincias con déficit estructural de personal médico evaluador, medidas específicas para captar y fidelizar profesionales y la publicación periódica de los tiempos medios de tramitación de los expedientes.
Los tres senadores concluyen que “los lucenses tienen derecho a una administración ágil, rigurosa y eficaz. Lo que no pueden aceptar es que una cuestión tan sensible como el reconocimiento de una incapacidad dependa de un servicio que funciona con menos de un tercio de los efectivos que debería tener”.