Lugo mantiene las bonificaciones del IBI para las familias numerosas e introduce cambios en los casos de separación o divorcio
La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) para abordar las necesidades de este colectivo e informarles de los cambios introducidos en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En el encuentro también participó el concejal de Política Social, Gustavo Díaz.
Candia explicó que la modificación de la ordenanza, promovida por el Gobierno local y aprobada en el pleno municipal del pasado mes de octubre, mantiene las bonificaciones en la vivienda habitual del 30 % para las familias numerosas de categoría general y del 50 % para las de categoría especial. Los cambios afectan a las 1.269 familias numerosas que residen en el municipio.
Como principal novedad, la normativa incorpora una regulación específica para los casos de separación o divorcio. A partir de ahora, se considerará vivienda habitual de cada progenitor aquella en la que esté empadronado, siempre que los hijos e hijas que forman parte del título de familia numerosa estén empadronados en la vivienda habitual de cualquiera de los dos.
Por su parte, AGAFAN trasladó al Ayuntamiento varias propuestas para ampliar las medidas de apoyo a las familias numerosas. Entre sus peticiones figura elevar las bonificaciones del IBI hasta el 90 % y eliminar la exigencia de que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en la vivienda para poder acceder a los beneficios fiscales. La asociación también pidió que se admita el certificado digital expedido por la Xunta como acreditación suficiente de la condición de familia numerosa.
Además, propuso estudiar la aplicación de bonificaciones en otras tasas e impuestos municipales, como la recogida de basura o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como en las prestaciones de otros servicios municipales. Otra de las demandas pasa por tener en cuenta la renta per cápita de las familias a la hora de establecer bonificaciones, ayudas y tasas.