Unas 4.300 parcelas de la zona rural de Lugo volverán a ser consideradas suelo rústico
Alrededor de 4.300 parcelas situadas en las áreas de expansión no ordenadas del municipio de Lugo recuperarán la consideración de suelo rústico, lo que permitirá corregir su tributación y devolver a sus propietarios las cantidades abonadas de más en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante este año. La medida, que se aplicará mediante un procedimiento simplificado de valoración colectiva por parte de la Dirección General del Catastro a partir del mes de septiembre, tendrá efectos retroactivos.
Este fue el principal anuncio realizado por la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, que compareció junto al concejal de Urbanismo, Ramón Cabarcos, tras la reunión de la comisión de seguimiento del convenio entre el Ayuntamiento y la Dirección General del Catastro.
Según explicó la regidora, esta decisión deriva de las recientes sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre los procedimientos simplificados de valoración colectiva, que obligan a retrotraer las actuaciones realizadas en las áreas de expansión del núcleo rural sin ordenación predeterminada. Como consecuencia, estas parcelas dejarán de tributar como suelo urbano, una situación que, según indicó, perjudicaba a los propietarios al obligarlos a pagar impuestos propios de un suelo que no les otorgaba los correspondientes derechos urbanísticos.
Candia recordó que el Partido Popular ya había denunciado esta situación durante el anterior mandato municipal. "Lo importante no es tener razón; lo importante es solucionar los problemas de los vecinos. Desde la oposición advertimos de que era una injusticia obligar a los propietarios a pagar como suelo urbano por unos terrenos que no tenían los derechos propios de esa clasificación. Hoy podemos anunciar que esa situación se va a corregir", afirmó.
La alcaldesa explicó que, con la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM), más de 15 millones de metros cuadrados de suelo de núcleo rural quedaron incluidos como áreas de expansión. Estas parcelas pasaron a tributar como urbanas a pesar de que no podían edificarse directamente, ya que necesitaban previamente un instrumento de desarrollo urbanístico.
En este sentido, distinguió dos situaciones. Las parcelas situadas en áreas de expansión ordenadas mantendrán la consideración de suelo urbano al disponer de licencia directa y poder ejercer los derechos edificatorios previstos por la normativa. Por el contrario, las aproximadamente 4.300 parcelas localizadas en áreas de expansión no ordenadas recuperarán la clasificación de suelo rústico, al considerar Catastro que nunca debieron perder esa condición mientras no existiera un desarrollo urbanístico efectivo.
Candia recordó también que el PP presentó alegaciones en 2024 para introducir bonificaciones a los propietarios afectados tras la modificación de los tipos de gravamen aprobada por el anterior Gobierno. "Siempre defendimos que los vecinos tenían que pagar por lo que realmente tenían y no por unas expectativas urbanísticas futuras. Hoy damos un paso importante para reparar esa situación", señaló.
Por último, la alcaldesa avanzó que el Ayuntamiento seguirá trabajando con la Dirección General del Catastro para que esta actualización quede incorporada al padrón del IBI de 2027 y evitar que esta situación vuelva a repetirse. "Corregimos una injusticia fiscal que afectaba a multitud de propietarios de nuestra zona rural. Los vecinos pagarán por lo que realmente tienen y no por unas expectativas urbanísticas que nunca llegaron a convertirse en derechos", concluyó.