El PSOE y BNG acusan al Gobierno local de reiniciar la tramitación de la ordenanza del ruido y retrasar las soluciones para los locales conflictivos
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lugo, Ana González Abelleira, ha criticado la decisión del actual Gobierno local, encabezado por Elena Candia, de no continuar con la tramitación de la nueva Ordenanza Municipal de Contaminación Acústica que había heredado del anterior Ejecutivo, optando en su lugar por iniciar de nuevo el procedimiento desde el principio.
Según ha explicado la socialista, el documento que recibió el actual Gobierno era fruto de meses de trabajo técnico, elaborado con la participación de personal municipal especializado y de la Policía Local. A su juicio, reiniciar ahora la consulta pública supone un paso atrás innecesario para una ciudad que, en su opinión, necesita agilizar este tipo de trámites y no demorarlos.
González Abelleira ha sido especialmente crítica con la justificación empleada por el equipo de Gobierno para tomar esta decisión, a la que ha calificado de basarse en argumentos poco ajustados a la realidad sobre el trabajo previamente desarrollado.
Contraste entre la oposición y el gobierno
La representante socialista ha puesto en contraste la actitud actual de la regidora con la que mantenía cuando ocupaba un escaño en la oposición. Recordó que, en aquella etapa, Candia defendía que existían soluciones rápidas para problemas como el generado por el establecimiento conocido como Las Palmeras, llegando a sostener que podría cerrarse en un plazo de 24 horas.
Para González Abelleira, esa manera de plantear los problemas cuando no se tenían responsabilidades de gestión contrasta con las decisiones que se están tomando ahora desde el Gobierno municipal, que en su opinión están alargando los plazos en lugar de acortarlos.
La socialista ha subrayado que las consecuencias de reiniciar el trámite van más allá de una cuestión meramente administrativa, ya que cada fase que se repite implica más tiempo sin que el Ayuntamiento cuente con una normativa actualizada y sin que la Policía Local disponga de nuevas herramientas para intervenir ante comportamientos que afectan al descanso vecinal y a la convivencia.
Una normativa desde 1999
La portavoz adjunta ha recordado que el Ayuntamiento de Lugo continúa aplicando una ordenanza de contaminación acústica aprobada en 1999, motivo por el cual el anterior Gobierno local impulsó la redacción de un nuevo texto adaptado a la normativa vigente y a las problemáticas actuales de la ciudad.
Ese documento, según ha detallado, incluía nuevas herramientas de intervención y un régimen sancionador orientado a determinadas conductas que perturban el descanso de los vecinos, con el objetivo de facilitar la actuación tanto del Ayuntamiento como de la Policía Local en situaciones que, con la regulación en vigor, resultan más complicadas de gestionar.
La socialista ha insistido en que no se trata de un documento sin desarrollar, sino de un trabajo consensuado que, según afirma, contó con una buena acogida por parte de los colectivos vecinales implicados. Por ello, considera que lo más razonable sería aprovechar ese texto, someterlo a los trámites e informes correspondientes y avanzar hacia su aprobación definitiva, en lugar de retomar el proceso desde cero.
Críticas a la gestión de los locales conflictivos
González Abelleira ha situado esta decisión dentro de lo que considera una evolución en el discurso del actual equipo de Gobierno respecto a los locales con problemas de convivencia: primero se generó, a su parecer, un clima de tensión en torno a este asunto; después llegaron promesas de soluciones inmediatas; y ahora, ya en el Gobierno, se estaría cuestionando el trabajo realizado anteriormente.
La representante socialista ha recordado que, durante el mandato anterior, se lograron cierres temporales del local Las Palmeras mientras se trabajaba paralelamente en dotar al Ayuntamiento de instrumentos legales más sólidos para abordar este tipo de situaciones con mayores garantías jurídicas.
González Abelleira ha pedido al Gobierno local que dé prioridad a los vecinos afectados por el ruido y los problemas de convivencia, que abandone lo que considera un intento de desacreditar la gestión anterior y que aproveche el trabajo ya realizado para acelerar la aprobación de la nueva normativa, evitando así que se prolongue la espera de una respuesta municipal.
EL BNG ACUSA A CANDIA DE PRIVATIZAR LA ELABORACIÓN
Por su parte, el portavoz del BNG de Lugo, Rubén Arroxo, criticó la postura del Partido Popular. Pese a que el Ayuntamiento cuenta con un proyecto de ordenanza elaborado por el gobierno anterior «en cooperación con todos los agentes implicados», el Partido Popular dijo en la comisión que está trabajando en un nuevo texto «y que contratará una empresa privada para elaborar un nuevo texto que ya fue elaborado por personal municipal». Rubén Arroxo afirmó que «el PP tiene que explicar por qué va a hacer una nueva ordenanza pagando a una empresa y retrasando aún más la entrada en funcionamiento de un texto que permitiría poner solución a locales como As Palmeras».
Tras 8 meses de trabajo con los distintos actores implicados, el gobierno anterior elaboró una actualización de la actual ordenanza de contaminación acústica que data de 1999. El texto pendiente de aprobación cuenta con un régimen sancionador ligado a los ruidos que puedan impedir el descanso de la vecindad. Así, su artículo 39, que corresponde al apartado de la convivencia vecinal, establece que el comportamiento en los espacios de convivencia «debe mantenerse dentro de los límites de la buena convivencia ciudadana y del respeto a los demás» y prohíbe acciones «que comporten una perturbación evitable» de la conducta cívica normal.
El artículo 39 recoge una serie de cuestiones que afectan a la convivencia y que serían sancionables, como por ejemplo el punto 2: gritar o vociferar sin causa justificada, lo que impedirá situaciones que hasta ahora no se podían sancionar, como que una persona pueda ponerse a gritar en la calle durante la noche, impidiendo el descanso de la gente. También recoge cualquier comportamiento personal que comporte una perturbación evitable de la convivencia y de la conducta cívica normal, que impida el descanso de la gente o genere una situación de malestar.
Ligado a esto, el nuevo artículo 54 introduce una modificación que permite a la Policía Local intervenir en esos casos. Además, se incorpora un régimen sancionador que hasta ahora no existía en la ordenanza. «Esto permite que, ante un caso en el que se está montando alboroto, la gente está pegando gritos o se está generando ruido, la Policía Local tenga la herramienta para actuar y para sancionar», afirmó el portavoz del BNG, que añadió «tal y como recoge la Ordenanza, primero tendría que advertir; si el comportamiento continúa, es cuando tiene la potestad para poder sancionar».