Lugo abre el nuevo curso político con la mirada puesta en las elecciones de 2027
Septiembre trae consigo la vuelta a las aulas, a los horarios y a la actividad habitual de la ciudad, pero también marca en Lugo el inicio de un nuevo curso político que estará inevitablemente condicionado por las elecciones municipales del 27 de mayo de 2027. Quedan nueve meses para que los lucenses vuelvan a las urnas y, en esta ocasión, el punto de partida es especialmente singular: la ciudad encara esta recta final de mandato con un Gobierno que apenas lleva cuatro meses en la Alcaldía y con una oposición que intenta recuperar el espacio político perdido tras la moción de censura de mayo.
CAMBIO DE GOBIERNO
El cambio de Gobierno se produjo el 7 de mayo de 2026, cuando el Partido Popular consiguió sacar adelante la moción de censura contra el Ejecutivo formado por el PSOE y el BNG. La iniciativa contó con 13 votos a favor y 12 en contra y tuvo como elemento determinante el apoyo de María Reigosa, hasta entonces concejala socialista, que había abandonado la militancia del PSOE y había pasado a ser no adscrita. Su voto permitió a Elena Candia hacerse con la Alcaldía de Lugo.
La operación puso fin al Gobierno encabezado por el socialista Miguel Fernández, con Rubén Arroxo como teniente de alcalde, y devolvió al Partido Popular al poder municipal 27 años después. Pero la llegada de Candia no se produjo en un escenario político tranquilo. En los días previos a la moción, una parte de la sociedad lucense se movilizó frente a la Casa Consistorial a través de la plataforma "Transfuguismo no, democracia sí", que denunció el cambio de Gobierno y el papel desempeñado por la concejala no adscrita.
Cuatro meses después, aquella batalla continúa formando parte del discurso de la oposición, pero el escenario político comienza a cambiar. Ya no basta con discutir cómo llegó Elena Candia a la Alcaldía. Lo que estará cada vez más en juego será qué hizo desde entonces y qué valoración hace la ciudadanía de su gestión. Ese será precisamente el principal examen de los próximos nueve meses.
El nuevo Gobierno presentó al llegar a la Alcaldía un plan de acción con cerca de 50 medidas para ejecutar en un año, con un mensaje centrado en la recuperación del "orgullo de ciudad" y en un modelo de gestión orientado a las personas. Pero el calendario electoral hace que ese plazo sea especialmente exigente.
MESES PARA LAS ELECCIONES
Candia no tiene por delante un mandato completo para construir su alternativa política. Dispone de apenas unos meses para demostrar que el cambio de Gobierno puede traducirse en actuaciones concretas y para conseguir que el debate municipal deje de estar centrado exclusivamente en la moción de censura.
La oposición también afronta un reto. PSOE y BNG deberán mantener la presión sobre el Ejecutivo, pero al mismo tiempo construir una alternativa electoral propia. Y en esa carrera ya no hay grandes incógnitas sobre los protagonistas.
Los tres principales partidos tienen confirmados a sus candidatos. Elena Candia será la cabeza de lista del Partido Popular; Miguel Fernández será el candidato a la Alcaldía por el PSOE; y Rubén Arroxo será el candidato del BNG.
Tres nombres conocidos por la ciudadanía y tres posiciones políticas diferentes ante una misma partida. Candia necesita consolidar el Gobierno que acaba de asumir, Fernández pretende recuperar la Alcaldía y Arroxo buscará mantener y ampliar el espacio electoral del nacionalismo.
CONFRONTACIONES
Uno de los terrenos en los que se ha producido el choque entre el nuevo Gobierno y la oposición ha sido la situación de las facturas pendientes. El BNG denunció la existencia de más de 2,7 millones de euros en facturas sin pagar a autónomos y pequeños empresarios de la ciudad y aseguró que 542 proveedores estarían afectados.
Rubén Arroxo afirmó que durante los primeros meses del actual Ejecutivo no se llevó "ni una sola factura al pleno", pese a que, según la formación nacionalista, los expedientes administrativos ya estarían finalizados. El BNG considera que existen cientos de facturas que llevan meses a la espera de aprobación y que esta situación está provocando dificultades entre los proveedores. Para Arroxo, se trata de una situación "inédita" que responde a una decisión política del Gobierno municipal.
A las facturas pendientes denunciadas por el BNG se suman las críticas socialistas por la situación de la brigada municipal contra incendios forestales, que, según Ana González Abelleira, continúa sin estar oficialmente constituida a finales de agosto. La portavoz del PSOE cuestionó también la fórmula empleada para cubrir su jefatura mediante la adscripción temporal de un funcionario, que calificó de "auténtica chapuza".
Las infraestructuras son otro de los grandes campos de confrontación. El PSOE reclama al Gobierno de Elena Candia la apertura de la calle Conde Fontao, frente a la nueva estación Intermodal, al considerar que la vía ya está en condiciones de asumir el tráfico y acusar al Ejecutivo de utilizar el convenio con Adif para demorar su puesta en servicio.
El BNG, por su parte, puso el foco en el polígono de O Ceao, donde Rubén Arroxo y el concejal de Infraestructuras Urbanas, Alexandre Penas, reclamaron avanzar en la renovación de la rotonda de Benigno Rivera con Infanta Elena y en los tramos de la avenida que conectan con la N-VI y con la A-6.
EL SAN FROILÁN
La cultura también está siendo utilizada como espejo para comparar las dos etapas de Gobierno. El BNG considera que la actividad cultural disminuyó desde la llegada del PP y puso, entre otros ejemplos, la falta de información sobre el Lugomáxico. El Gobierno municipal rechaza esa interpretación.
La discusión tendrá uno de sus principales escenarios en el San Froilán. Durante los años en los que el BNG estuvo al frente del área de Cultura, el Partido Popular criticó en numerosas ocasiones la organización de las fiestas. Este año, sin embargo, después de la comisión del San Froilán, el Ayuntamiento anunció que incorporaría alrededor del 90 % de las propuestas realizadas por el propio BNG. La decisión hizo cuestionar la coherencia del discurso popular e introducir una comparación entre lo que el PP defendía desde la oposición y las decisiones que adopta ahora desde el Gobierno.
ÁMBITO SOCIAL
En el ámbito social, el conflicto en torno al local de As Palmeras es otro de los asuntos que permanecen sobre la mesa tras el cambio de Gobierno. Rubén Arroxo defiende que durante su etapa se había decretado el cierre del establecimiento durante doce meses, el máximo permitido por la ley por las infracciones existentes en ese momento, y que posteriormente se había trabajado con los técnicos municipales para buscar nuevas vías de actuación.
Según el portavoz nacionalista, en abril estaba preparada una nueva ordenanza de contaminación acústica que podía facilitar la actuación sobre este y otros locales y que quedó pendiente de llevar al pleno tras el cambio de Gobierno.
"Unos días después vino la operación de transfuguismo y el golpe de estado municipal. La ordenanza quedó hecha, pero ¿por qué la señora Candia no la quiere llevar a pleno?", cuestionó Arroxo.
Así, la oposición reivindica proyectos iniciados durante su etapa de Gobierno, mientras el actual Ejecutivo tendrá que decidir qué elementos de la gestión anterior incorpora y cuáles modifica o deja atrás.
LA CUENTA ATRÁS: NUEVE MESES
A pesar de que todavía faltan nueve meses para las elecciones municipales, la carrera electoral en Lugo ya ha comenzado. Elena Candia tiene por delante este período para consolidar el Gobierno del PP y conseguir que su etapa en la Alcaldía sea valorada por lo que haga desde que asumió el cargo y no solo por la moción de censura que la llevó al poder. Miguel Fernández regresará como candidato del PSOE con la intención de aprovechar el posible desgaste del actual Ejecutivo, reivindicar su anterior etapa al frente del Ayuntamiento y recuperar la confianza necesaria para volver a gobernar. Para el BNG, su labor de oposición tendrá que servir para marcar perfil propio y poner en valor la experiencia acumulada durante los años en el Ejecutivo.
Los tres afrontan una carrera en la que la capacidad para movilizar a sus electorados y el comportamiento del voto progresista pueden volver a ser determinantes. Así, el Gobierno de Candia tendrá nueve meses para demostrar resultados y los grupos de la oposición el mismo tiempo para desgastarlo y presentar una alternativa.
Durante este período, los problemas arrastrados de años anteriores dejarán de ser cuestiones exclusivamente administrativas para convertirse en argumentos políticos. Sobre ellos, se construirá parte del debate sobre el modelo de Ayuntamiento que quieren los lucenses y sobre quién consideran más preparado para gestionarlo.
La gran incógnita será, precisamente, qué pesa más en las urnas. Si la ciudadanía percibe a Elena Candia como una alcaldesa que aprovechó estos meses para poner proyectos en marcha y resolver cuestiones pendientes, o si el modo en el que llegó a la Alcaldía, a través de la moción de censura y con el papel determinante del transfuguismo, continúa marcando su valoración.
Miguel Fernández tendrá que hacer algo más que capitalizar el descontento con el actual Gobierno: deberá convencer a los electores de que quieren volver a confiar en él. Arroxo, por su parte, buscará que el BNG mantenga su propio espacio.
Quedan nueve meses de decisiones, aciertos y errores en los que el tablero puede cambiar. Las urnas decidirán quién lo hará a partir de mayo de 2027.