Lugo Monumental recurrirá en los tribunales la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
La Asociación Lugo Monumental anunció su intención de impugnar judicialmente la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del casco histórico de Lugo, aprobada definitivamente en el pleno municipal de la pasada semana. La decisión fue adoptada por unanimidad tras un debate interno entre los asociados.
El colectivo reconoce que durante la tramitación se incorporaron mejoras al texto inicial, pero considera que estas modificaciones no resuelven los problemas de fondo de la norma. Según señala, la redacción sigue siendo compleja y presenta, a su juicio, importantes dudas jurídicas sobre su legalidad.
Entre los aspectos que cuestiona la asociación se encuentra el mantenimiento de un agravamiento de las sanciones del 30 % en caso de reincidencia sin que se contemple una reducción del 50 % por pronto pago. También critica que se mantenga el límite de dos horas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en las plazas reservadas, así como la falta de mecanismos más ágiles para autorizar accesos vinculados a reparaciones urgentes.
Lugo Monumental recuerda que presentó alegaciones durante la fase de exposición pública y asegura que la mayoría fueron rechazadas. No obstante, destaca que algunas de las modificaciones finalmente incorporadas al texto, como la equiparación de bicicletas y patinetes con el resto de los vehículos, coinciden con propuestas formuladas por la propia entidad.
La asociación también cuestiona que una ordenanza de bajas emisiones no establezca referencias concretas a las emisiones contaminantes y sostiene que las restricciones previstas se centran principalmente en el uso y el peso de los vehículos. Frente a este modelo, propone medidas más flexibles, que puedan activarse en función de los niveles de contaminación o mediante limitaciones horarias y en días determinados.
Desde Lugo Monumental insisten en que no están en contra de la peatonalización del casco histórico, sino de determinadas medidas que consideran perjudiciales para la actividad económica y social de la zona. En este sentido, reclaman que las restricciones al tráfico privado vayan acompañadas de un refuerzo del transporte público y de otros sistemas alternativos de movilidad.
La entidad defiende que la presentación del recurso responde a un criterio de coherencia e independencia y recuerda que ya impugnó en otras ocasiones normativas municipales y autonómicas que posteriormente fueron anuladas por los tribunales.
El plazo para presentar el recurso será de dos meses desde la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, trámite que todavía está pendiente.